El diputado Mario Castillo, de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsa el expediente 21.534, un proyecto de ley que impone un impuesto a la importación de ropa usada, con el fin de crear un fondo que financie “la lectura, el libro y las bibliotecas” en el país.

El proyecto fue dictaminado de forma unánime, el pasado 12 de marzo, en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación con el voto de los Wagner Jiménez (Liberación Nacional), Mileidy Alvarado (Restauración Nacional), Óscar Cascante (Unidad Social Cristiana), Mario Castillo (PAC), Laura Guido (PAC) y Patricia Villegas (Partido Integración Nacional).

El objetivo de la iniciativa es fomentar el hábito de la lectura entre los costarricenses, incentivar las prácticas de escritura (producción de libros de autores nacionales) y el uso de bibliotecas en el país.

FINANCIAMIENTO

La propuesta crea el Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que será administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud.

Para financiar el fondo, el proyecto original proponía un impuesto de $1 por kilo de ropa usada en bulto o paca, tanto para aquella que se importa, como la que se comercializa internamente. Según el análisis del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso sobre el texto, este impuesto significado que si un importador trae una paca de ropa usada pagará el impuesto en mención, a la vez si un distribuidor vende dicha paca como tal en el mercado nacional se gravará nuevamente con el impuesto mencionado y así sucesivamente siempre que se comercialice en paca o bulto.

Con base en datos de Hacienda del 2018 se calculó que de aplicarse ese tributo y basado en la importación de ropa por kilo se habría recogido poco más de $11,9 millones, más de ¢6.950 millones.

Servicios Técnicos alertaba entonces que de aprobar así la propuesta sería desproporcionado por cuanto el impuesto representaría “alrededor del doble del costo de la mercadería importada”.

“En promedio los bultos o pacas de ropa usada pesan 454 kilogramos e igualmente en promedio traen alrededor de 3.000 prendas, por lo que un bulto pagaría alrededor de $454 (¢263.315) por este impuesto y cada prenda alrededor de ¢88 como promedio, monto que probablemente será cargado al consumidor de este tipo de prendas que en general comprende sectores del más bajo quintil de ingresos”, indica el informe con fecha de diciembre pasado.

MODIFICACIÓN AL COBRO

Tras estos señalamientos la comisión aprobó un texto sustitutivo y modificó la forma de cobrar el impuesto.

Ahora no será a los kilos o “pacas” de forma individual, sino al valor aduanal de los importado. 

“Se establece un impuesto de un 5% del valor aduanero de toda la ropa usada importada en la modalidad de paquetes “pacas” o sin individualización de las prendas al país.  Se excluye de la aplicación de este impuesto aquellas prendas de vestir usadas que por razones sanitarias o fitosanitarias su comercialización ha sido prohibida”, indica el texto.

Basados en los datos de Hacienda del 2018, se importaron 11.983.590 de kilos de ropa usado, con un valor aduanal de $6.088.056. 

Es decir, si se aplicara este nuevo impuesto del 5% a este monto se cogería $304.402, o ¢176.553.624.  Esto significa un impuesto por prenda de aproximadamente ¢2.45.

“Me siento muy feliz no por mí, sino por este país al saber que tenemos una Comisión de Educación integrada por gente que ve hacia el futuro. Tenemos luces larguísimas para visualizar qué puede ocurrir en este país. No nos vamos a equivocar, se los aseguro, esta comisión pasará a la historia como la que aprobó el proyecto de ley del fomento del libro, la lectura y las bibliotecas para este país. Así estamos ayudando a superar los niveles de pobreza cultural y económica”, manifestó el diputado Castillo, proponente de la iniciativa.

OMISIÓN EN CONSULTAS

Cuando los diputados tramitan un proyecto de ley en comisión, deben realizar consultas a los sectores que se verán afectados por las reformas que impulsan, más aún cuando se trata de un impuesto.

Pero en este caso, las consultas que se hicieron al texto del proyecto omitieron a la industria que financiaría el proyecto.

Los legisladores pidieron criterio sobre el tema al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Juventud, Universidades Públicas y la Cámara Costarricense del Libro, pero dejaron por fuera a la Asociación Costarricense de Importadores y Comercializadores de Ropa Usada (Acicru).

El Periódico del Pueblo conversó con Vanessa Calvo, abogada de Acicru, quien desconocía del proyecto y recordó que la ropa usada es un bien necesario para un sector de la población que en este momento está golpeado por la falta de ingresos.

“Queremos que se toma la realidad de la pandemia y solicitar que se devuelva el texto a comisión, porque no tiene ningún sentido más aún cuando la mayoría de los diputados han indicado que no quieren más impuestos”, apuntó.

Además, Calvo insiste que hay un claro vicio en el procedimiento ya que ellos no fueron consultados sobre la propuesta de ley.

“La ropa en general, más hoy en plena crisis, se debe ver como un derecho humano y se les debe garantizar a la gente las alternativas para poder cubrir ese derecho”, enfatizó.

Datos de esta Asociación revelan que el sector de ropa usada da empleo a 925 personas de manera directa y a 4.000 indirectamente, que en su mayoría son mujeres de 22 a 52 años. Calvo no ocultó que este es un negocio en crecimiento, sobre todo fuera de la Gran Área Metropolitana. 

En el país existen 1.050 puntos de venta de ropa usada y se estima que cada año hay de un 2% a un 5% de nuevas tiendas de este tipo.

El proyecto podría conocerse en plenario esta misma semana.

PROYECTO EN CIFRAS   

Una proyección a datos del 2018 señala que este nuevo impuesto recaudaría alrededor de ¢176 millones por año.

Se estima que el aumento de cada prenda usada importada por este impuesto sería de ¢2.45.

Para tener una idea el presupuesto total del Ministerio de Cultura en el 2019 fue de ¢43.869 millones.

Mientras que el presupuesto total del Sistema Nacional de Bibliotecas para el 2019 fue de ¢4.238 millones.  

¿QUÉ SE FINANCIARÍA CON ESOS RECURSOS?

1-Investigaciones en relación con las prácticas de lectura, la producción y circulación del libro y las bibliotecas, así como sobre el impacto de la lectura y el libro en la cultura y la economía y sobre el efecto de las políticas de promoción del libro.

2-Proyectos de fomento de la lectura y la escritura.

3-Participación de editores en coediciones nacionales e internacionales que incluyan la creación nacional.

4-Realización y participación en congresos, foros, talleres y otros eventos de promoción de la lectura, las bibliotecas y la producción y circulación del libro.

5-Creación de obras de autores nacionales para su publicación en cualquier formato.

6-Traducción de obras de autores nacionales a otras lenguas.

7-Programas y actividades de apoyo a la función cultural de las librerías.

TICOS OPINAN

Guillermo Vega

“Si estoy de acuerdo con el impuesto a la ropa usada, ya que con ello se fomentaría el acceso a la lectura en niños de escasos recursos”.  

Elio Mora

“No estoy de acuerdo porque si queremos fomentar la lectura entre los niños, creo que ya desde la educación pública se pueden hacer esas campañas y que los profesores lo inculquen. Además, las personas que compran ropa usada lo hacen porque no pueden acceder a ropa nueva, que es muy cara”.

Pablo Picado

“Si ese dinero va destinado a las bibliotecas públicas y escolares sí. Es de suma importancia mantener bibliotecas habilitadas en todo el país”.

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