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Presidente se expone a pena de 6 años de prisión Fiscalía atribuye tres delitos: prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.

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El presidente Carlos Alvarado Quesada se expone a una pena de 2 a 6 años de prisión si es encontrado culpable del delito de prevaricato que le atribuye el Ministerio Público, que investiga su participación en la creación y funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

En total son tres supuestos delitos por los cuales la Fiscalía General de la República investiga al mandatario y otros funcionarios de Casa Presidencial: prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.

En el expediente penal 20-005434-0042-PE se incluyen como imputados, además de Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; y los asesores de Casa Presidencial: Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos Villalobos y Felly Salas Hernández.

El allanamiento que llevó a cabo la fiscala general Emilia Navas, tras recibir la autorización de la Sala III de la Corte el pasado viernes, se ejecutó tras la denuncia que interpuso en primera instancia el abogado penalista Juan Diego Castro.

En la solicitud de allanamiento que presentó el Ministerio Público a la Sala Penal, que fue avalada por los magistrados Álvaro Burgos (instructor), Gerardo Rubén Alfaro, Sandra Eugenia Zúñiga, Rafael Segura y María Elena Gómez, de la cual se tiene copia, la hipótesis de la Fiscalía se fundamenta en que los asesores Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos y Fernández Montero conformaron una unidad gubernamental para la compilación y análisis de datos personales de los costarricenses, con miras a una supuesta ejecución de políticas públicas, pero sin ningún respaldo legal.

Cita la fiscala general Navas en la solicitud de allanamiento que estos funcionarios abusaron de su cargo para ordenar a diferentes instituciones la entrega de datos sensibles y de acceso restringido a las personas, sin mediar orden jurisdiccional o consentimiento.

“Dicha labor era del total conocimiento del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, quien avalaba la función que cumplía la citada oficina”, indica la orden en su página 5.

DECRETO PRESIDENCIAL

La recolección de la información se realizó en Casa Presidencial desde mayo de 2018 hasta octubre de 2019. En ese instante Luis Eduardo Salazar Muñoz (hasta el viernes comisionado de asuntos para la comunidad LGBTI, ya que renunció a su cargo, aunque pide continuar ad honórem) y el asesor Diego Fernández Montero idearon revestir de legalidad el trabajo de recolección de datos y crear mediante decreto presidencial la UPAD.

“Plan que fue puesto en conocimiento de sus superiores jerárquicos y acogido por ellos, resultando de lo anterior la redacción de un decreto ejecutivo cuyo objeto era dar una aparente base de legalidad a las operaciones de dicha oficina”, se lee en la hipótesis de la Fiscalía.

El 14 de octubre de 2019 se redactó el decreto que pretendía dar un marco de legalidad a la UPAD.

“Abusando de sus cargos y faltando al deber de probidad que les era exigible en su calidad de funcionarios públicos dictaron el decreto ejecutivo número 41996-MP-Mideplan, a sabiendas de que el mismo era contrario a la ley, toda vez que el artículo 7 del citado decreto establecía la obligación de las instituciones públicas que resguardan información confidencial (especialmente tutelada dentro del derecho de intimidad de los ciudadanos) a entregarla sin orden jurisdiccional a esta unidad cuando fuera requerido”, cita la orden del allanamiento.

El decreto se publicó el 17 de febrero de 2020 en el diario oficial La Gaceta, firmado por el mandatario, el ministro de Presidencia y Luis Daniel Soto Castro, en ese entonces ministro interino de Planificación.

Tras la presión social y de una parte de la prensa, el presidente se vio obligado a suprimir el decreto.

INVESTIGACIÓN

Ahora la fiscala general Navas y sus investigadores deben probar dicha hipótesis y llevar a juicio a Alvarado y los demás jerarcas.

Para el penalista Castro la Fiscalía debería seguir una serie de pasos urgentes para avanzar con la investigación.

Primero, ordenar a la Sección de Ciberdelitos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revisar la información que contienen los dispositivos electrónicos decomisados (computadoras y teléfonos celulares de los jerarcas).

“Deberán determinar qué datos personales que recibieron y almacenaron son sensibles y de acceso restringido. Precisar quiénes se los enviaron y quiénes los recibieron, pues los que los facilitaron también cometerían el delito, así como determinar el uso de los datos y las herramientas utilizadas para delinquir”, explicó el jurista.

También ordenar el allanamiento y el decomiso de la información de las instituciones que permitieron el acceso. Determinar cuáles otros funcionarios accedieron los datos.

“Establecer la estructura y distribución de tareas de esta organización criminal y su relación entre ellos, especialmente con el presidente”, agregó Castro.

Encontrar y precisar las comunicaciones entre los partícipes, telefónicas y digitales.

Decomisar la información en la central telefónica de Casa Presidencial, las extensiones de los involucrados y la cantidad y frecuencia de las llamadas internas.

Por último, decomisar la información del circuito cerrado de televisión de Casa Presidencial para determinar los ingresos y salidas de los sospechosos.

HIPÓTESIS DE LA FISCALÍA

Carlos Alvarado Quesada

Presidente de la República

Autorizó a asesores solicitar arbitrariamente acceso a información confidencial.

Conocía la ilegalidad de la UPAD.

Avalaba la función que cumplía dicha oficina.

Dictó y firmó decreto ejecutivo, a sabiendas de que era contrario a la ley.

Firmó decreto ejecutivo para la creación de la UPAD.

Víctor Morales Mora

Ministro de la Presidencia

Conocía la labor de la oficina que recolectaba datos personales.

Dictó y firmó decreto ejecutivo para legalizar la UPAD, a sabiendas de que era contrario a la ley.

DELITOS INVESTIGADOS

Código Penal

Artículo 350: Prevaricato

Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.

Artículo 331: Abuso de autoridad

Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el funcionario público que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

Artículo 196 bis. Violación de comunicaciones electrónicas

Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años la persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos.

One Reply to “Presidente se expone a pena de 6 años de prisión Fiscalía atribuye tres delitos: prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.

  1. Todo este circo movido mas por los intereses políticos de la oposición q de la importancia de la democracia es será al final un puro show si don Carlos tuviera q dejar ña presidencia para someterse entonces a la justicia igual seguirá la señora vicepresidenta y los proyectos de gobierno todo lo q se busca aaui es desprestigiar el gobierno actual para fortalecimiento de los partidos políticos tradicionales

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