Diputados piden investigar al presidente Tras denuncias de DIARIO EXTRA por “sobornos” en muelle Caldera.

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Al menos 9 legisladores suscribieron una moción que presentó el independiente del bloque Nueva República, Jonathan Prendas, para solicitar la apertura de un expediente de investigación a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, tras la denuncia que hizo DIARIO EXTRA sobre supuestos sobornos en la adjudicación del muelle de Caldera.

EL Periódico del Pueblo reveló en exclusiva en su edición de este lunes 18 de mayo sobre la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República al presidente Carlos Alvarado Quesada, a André Garnier, ministro de Coordinación con el Sector Privado; Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop): y Ricardo Ospina León, gerente de Sociedad Portuaria S.A, por el posible delito de cohecho. 

La denuncia ingresó el 4 de diciembre de 2019 a la Fiscalía Adjunta de San Ramón y fue a raíz de esa información que la Fiscalía General de la República acogió la investigación con el expediente 19-001207-0332-PE.

La concesión del muelle de Caldera está en manos de Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A. desde el 2006 en vigencia por un plazo de 20 años. 

En la edición de este martes 19 de mayo, El Periódico de Más Venta de Costa Rica reveló una carta enviada por la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A en la que cuestionó al mandatario por su cercanía con la empresa Dubai Ports World ante el temor de perder su concesión para dársela a los emiratíes. 

Dicha carta se envió el 24 de junio de 2019. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico reconoció que la propuesta de Emiratos Árabes fue descartada por la compañía aduciendo problemas financieros ante la emergencia mundial que se vive por el Covid-19. 

La moción haría que los involucrados en la denuncia comparezcan ante la comisión para que esclarezcan su participación en este caso.

“El manejo de los recursos públicos es vital para la comisión. Esta investigación se sumará a los esfuerzos de la Fiscalía para conocer si hubo actos ilícitos y, en caso afirmativo, sentar las responsabilidades que correspondan”, comentó el diputado Prendas.

RED CRIMINAL

La diputada liberacionista Franggi Nicolás, también firmante de la moción, dijo que la denuncia no puede quedar desapercibida pues podría tratarse de una aparente “red criminal” para obtener sobornos a través de concesiones hechas a la medida para favorecer a una empresa en particular.

“Espero que la Fiscalía General de la República investigue a profundidad dicha denuncia, y que, de ser cierta, permita poner tras las rejas a los involucrados. Los puntarenenses y el país entero merecen que las concesiones de obra pública sean adjudicadas a base de negociaciones transparentes y de criterios de oportunidad, eficiencia y costos favorables para el país, y no a base de amiguismos o sobornos por debajo de la mesa”, apuntó.

RESTA IMPORTANCIA

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), restó importancia a la apertura de la denuncia en la Fiscalía General de la República, y manifestó que no es de recibo lo que se acusa penalmente. 

El titular de Obras Públicas y Transportes, acotó que como jerarca y rector de la atención de los problemas portuarios del país reprocha las acusaciones de soborno, las cuales calificó de temerarias. 

Méndez Mata acotó que el planteamiento de la denuncia carece de fundamento y que se busca dañar la solución en los problemas de modernización y ampliación de las instalaciones portuarias de Caldera. 

“Evidentemente, quienes han fabricado todo este sainete desconocen que nuestro país es un Estado de Derecho, pues cualquier proceso relacionado con un contrato de concesión o gestión interesada de Caldera son competencias únicamente del MOPT y el Incop”, expresó. 

Desde la Oficina de Comunicación de Casa Presidencial indicaron que están a la espera de cualquier notificación para que el gobierno y los jerarcas involucrados en la denuncia se encuentren en la mejor disposición de colaborar en cualquier proceso efectuado por las autoridades judiciales. 

Argumentaron que no cuentan con el conocimiento de la causa penal, no obstante, negaron sobornos o irregularidades de ningún tipo por parte de los jerarcas de gobierno. 

Desde Casa Presidencial mencionaron que los trámites respectivos respetaron el marco jurídico y que se llevaron a cabo con la autoridad competente.

 ANTECEDENTES

DIARIO EXTRA reveló en exclusiva en su edición de este lunes 18 de mayo sobre la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República al presidente Carlos Alvarado Quesada, a André Garnier, ministro de Coordinación con el Sector Privado, Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y Ricardo Ospina León, gerente de Sociedad Portuaria S.A por el posible delito de cohecho. 

La denuncia ingresó el 4 de diciembre de 2019 a la Fiscalía Adjunta de San Ramón y fue a raíz de esa información que la Fiscalía General de la República acogió la investigación con el expediente 19-001207-0332-PE.

La concesión del muelle de Caldera está en manos de Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A desde el 2006 en una vigencia por un plazo de 20 años. 

En la edición de este martes 19 de mayo, El Periódico de Más Venta de Costa Rica reveló una carta enviada por la Sociedad Portuaria de Caldera SPC S.A en la que cuestionó al mandatario por su cercanía con la empresa Dubai Ports World ante el temor de perder su concesión para dársela a los emiratíes.

• Sergio Araya 

“SIEMPRE QUEDARÁ EN ESTELA DE DUDA”

El analista político Sergio Araya consideró que el manejo generado por el gobierno no fue el esperado y genera mayores inquietudes. 

Araya consideró que el tema genera desgaste e impacta porque tenemos antecedentes de circunstancias que, aparentemente, se dieron en su momento por gobernantes. 

El politólogo apuntó que este asunto causará impresión negativa que de por sí ya está escéptica. 

Añadió además que la figura del presidente mejoró considerablemente, pero por el manejo de la dimensión sanitaria por el Covid-19, habrá una aceptación bastante bajo. 

“Este es un tema que siempre va a generar un aspecto negativo porque habrá un sector de la población que verá que esto es cierto. La imagen se verá dañada obviamente dependiendo de cómo evolucione la investigación. 

Habrá que ver, pero siempre va a quedar una estela de dudas o sospechas. La magnitud dependerá de la veracidad en los hechos denunciados, pero esto siempre afecta”, expresó Araya. 

Sobre el manejo de comunicación del gobierno, consideró que del todo es no responder porque habrá la sospecha de algo oculto que permita neutralizarlo.

• Roberto Gallardo, exministro de Comunicación 

“UNA INVESTIGACIÓN GENERA SUSPICACIA”

Roberto Gallardo, exministro de Comunicación, mencionó que una acusación ante la Fiscalía cuenta con la obligación de investigar los motivos por los cuales se generaron estas denuncias. 

Gallardo reconoció que una investigación de este tipo generará suspicacias dentro de la opinión pública. 

El extitular de Comunicación manifestó que será el desarrollo de la Fiscalía la que determine si existen méritos para llevar algún tipo de acusaciones. 

“Creo que lo que procede es el avance de la investigación y ver si encuentran elementos suficientes para presentar un caso ante los jueces. En la investigación se determinará si habrá elementos que justifiquen presentarlo ante un juzgado. 

Una investigación genera suspicacia y en nuestro país la gente tiende a otorgarle credibilidad a las acusaciones porque la política no goza de prestigio”, manifestó. 

Consultado sobre el impacto en la imagen de Alvarado, dijo que habrá un impacto dependiendo de la escala que dé el caso. 

Eso sí, consideró que en este momento la atención de la gente se focaliza en la emergencia sanitaria producto del nuevo coronavirus. 

“Habrá que ver con el avance de los días y el avance de la investigación para ver si hay acusaciones más formales”, expuso.

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