El Ministerio de Hacienda inició este viernes un procedimiento administrativo contra un funcionario de la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Tributación detenido el 20 de agosto por supuestamente haber asesorado a un grupo criminal dedicado a la exportación de oro sustraído de Crucitas y Corcovado.

La apertura del proceso la dio a conocer el director general de Tributación, Carlos Vargas, en conversación telefónica con AmeliaRueda.com.

El vocero explicó que la investigación está a cargo de la Asesoría Jurídica de la institución, que aguarda por una notificación sobre el estado legal del trabajador, cuyos apellidos no han sido especificados.

Simultáneamente, la Unidad Asesora de Asuntos Internos recibió una denuncia para determinar si el imputado utilizó su puesto en la comisión de eventuales delitos, y las posibles afectaciones que esto implica para el Ministerio de Hacienda.

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«La última es más de investigación de todo tipo de actividad que pueda realizar una persona; evidentemente, no lícitas. Y el tema del procedimiento administrativo es algo que digamos se lleva de ordinario por las áreas legales de la institución. Si hay alguna responsabilidad administrativa y las sanciones que correspondan conforme a eso», explicó Vargas.

El director de Tributación dijo -sin precisar- que el funcionario detenido tiene más de 10 años de laborar en la cartera, aunque «tiene poco» de laborar en la Dirección de Fiscalización. Este medio está a la espera de que la oficina del Ministerio responda a una serie de consultas, que incluyen, por ejemplo, los apellidos y la fecha en la que el sospechoso empezó a trabajar en la entidad.

Vargas destacó que el área al que pertenece el trabajador determinó en 2014 actividad sospechosa de una empresa exportadora de oro, razón por la cual emprendió una actuación de control de fiscalización, un mecanismo con el que se determina si un contribuyente tiene montos de impuestos dejados de pagar al fisco.

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En el proceso se determinó que una compañía exportadora de oro -del que se preguntó el nombre, pero el vocero dijo no recordarlo- había dejado de pagar unos ¢2 mil millones, razón por cual presentaron una denuncia penal por fraude a la Hacienda Pública, que es castigado con entre 5 y 10 años de cárcel por el artículo 92 del Código Tributario.

El director de Tributación descartó que ese caso tuviera relación con los allanamientos realizados este 20 de agosto por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

«Son totalmente diferentes. Ese fue en 2014. Después de eso le seguimos dando seguimiento. Por eso un poco se logra determinar todas las relaciones que habían en torno a esa actividad e incluso el tema de asesorías. Es como el resultado del seguimiento. Pero son casos independientes, eso se lo puedo confirmar», mencionó Vargas.

Al grupo criminal vinculado con el funcionario de Fiscalización se le atribuye la extracción ilícita de oro en Crucitas y el Parque Nacional Corcovado, para su posterior manipulación y exportación legal hacia Estados Unidos, a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). La banda fue desarticulada el 20 de agosto con la detención de 26 de sus miembros.

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