La diputada de Nueva República, Carmen Chan Mora, presentó hoy el proyecto de ley # 22.460 que plantea una reforma al artículo 31 de Código Procesal Penal, para ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción hasta 30 años.

Actualmente, la corrupción en la función pública constituye uno de los grandes problemas, no solo en Costa Rica sino en general en Latinoamérica.

La legisladora destacó que este no es un tema meramente ético o moral, se trata de un flagelo que afecta al país desde el punto de vista económico, social, cultural, político y de imagen internacional.

“Los costarricenses tienen claro que la corrupción política es un fenómeno sumamente serio, con el que conviven a diario, que impacta negativamente el desarrollo del país. Según un estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica, en 2017, demostró que la corrupción es percibida por la ciudadanía como el tercer problema más grave que urge resolver”, comentó.

Asimismo, advirtió que lo que se busca en esencia con esta iniciativa es ampliar el plazo de prescripción del delito para evitar que el marco jurídico favorezca la impunidad. Hoy un político, por ejemplo —señaló la congresista— comente un delito de enriquecimiento ilícito, huye del país por 10 años, y al regresar ya su causa prescribió.

En este sentido, es alarmante que, 9 de cada 10 expedientes relacionados con corrupción, no llegan a juicio, sino que son finalizados en etapa preparatoria o intermedia, entre otras razones porque el delito ya prescribió, según reveló el Tercer Informe del Estado de la Justicia, 2020.

“El control político que hacemos como legisladores contribuye a denunciar o sacar a la luz hechos de corrupción, sin embargo, la realidad es que muchas veces quedan sin castigo, entre múltiples causas, porque el tiempo de prescripción es corto. En cuanto a este tipo de impunidad legal urge hacer cambios y este proyecto es un intento de ello”, apuntó.

Costa Rica no debe permitir —resaltó Chan Mora— que ningún caso de corrupción quede impune. Con el cambio propuesto en nuestra legislación, se combate directamente este tipo de delitos, se eliminan los riesgos existentes cuando se recalifican los hechos o existe mora judicial, se envía un mensaje claro a los ciudadanos sobre la lucha del Estado contra la corrupción y se crea un plazo prudencial de treinta años, en el cual nos garantizamos que el tiempo no sea un impedimento para que todas las personas corruptas sean sometidas a un proceso penal.

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