​Mientras se le investiga tendrá prohibida su salida del país

Vilma Curling

La propietaria de la constructora H. Solís, Mélida Solís Vargas, quedó libre este 29 de junio después de que se comprobara una garantía de $3 millones, lo que no lo desvincula de la investigación en el caso “Cochinilla”.

Su salida pasadas las 4:00 p.m. según constató un equipo de AmeliaRueda.com presente en las afueras de la cárcel de mujeres Vilma Curling Rivera, en Desamparados.

Mientras avanza la pesquisa de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) sobre el escándalo de aparente corrupción en contratos de obras viales, la empresaria deberá cumplir por cuatro meses con las siguientes medidas cautelares:

  • Impedimento de salida del país.
  • Prohibición para acercarse al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
  • Prohibición para acercarse a aeropuertos.
  • Entrega de los pasaportes.
  • Prohibición para acercarse a testigos.

Sin embargo, el Ministerio Público apeló el 26 de junio pasado las disposiciones ordenadas por la jueza Carolina Lizano Salazar con lo que insistirá ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública para que Solís Vargas y otras 13 personas descuenten un año de prisión preventiva.

El defensor de la dueña de H. Solís, Érick Gatgens Gómez, señaló que para rendir la fianza se presentaron cuatro propiedades en San José valoradas en $3,5 millones, tal y como lo constató un perito en un informe remitido al órgano jurisdiccional y el ente acusador.

Así las cosas, los 30 detenidos el 14 de junio pasado durante los 57 allanamientos realizados por el caso “Cochinilla” quedaron libres; dos de ellos sin medidas cautelares.

Del total de estas diligencias, que tenían como objetivo la captura u obtención de pruebas de 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas aparentemente involucrados en una red de corrupción, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad.

Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), entre otras.

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Lea: Dueño de Meco queda libre tras demostrar garantía por $5 millones; no puede salir del país

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. “Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas”, manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.

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