ATENCIÓN

Así trascendió en las últimas horas; ahora miembros de ese partido exigen a Chaves que revierta tal decisión.

La petición fue hecha a través de un documento donde personas a favor de LGBTIQ+ en la que figuran dirigentes, ex diputados, ex ministros, entre otros, hacen el señalamiento al Gobierno.

“Grupo LGTBIQ+ ya no tendrá un comisionado exclusivo para ellos, qué pasa con los indígenas, los afrodescendientes, con las personas con discapacidad”, dijo el Presidente Chaves en los últimos días.

A continuación la carta enviada:

-La eliminación de Persona
Comisionada Presidencial LGBTIQ+
es un retroceso en materia de DDHH.

-Esta decisión pone en riesgo los programas dirigidos a las personas LGBTIQ+.

-Representa una violación al principio de progresividad de los DDHH.

Esta semana el presidente Rodrigo Chaves, le comunicó al país su decisión de no designar a una persona comisionada para asuntos de la población LGBTIQ+ generando, de facto, la eliminación de esta importante figura creada en la pasada Administración.

Como si esto no fuera lo suficientemente grave, la determinación se tomó durante la semana en la que se conmemora el Día Internacional del Orgullo, evidenciando, con ello, un desprecio y desinterés hacia estos temas y hacia esta población.

Esta decisión pone en riesgo la continuidad de una serie de programas y planes destinados a
garantizar el respeto, la no discriminación y el reconocimiento de los derechos de las personas sexualmente diversas que son funcionarias y usuarias de las instituciones, lo que implica una violación al principio de progresividad de los DDHH resguardado en los instrumentos del sistema internacional de Derechos Humanos y en la jurisprudencia constitucional.

La ausencia absoluta de instancias e interlocutores en la Administración Pública que escuchen las demandas de personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos de la población LGBTIQ+ impide garantizar la igualdad y la no discriminación dentro del Estado costarricense.

La creación de esta instancia obedeció a un doble propósito: enviar un mensaje político a las instituciones de cuán prioritaria era esta población para el gobierno, al mismo tiempo que consolidaba una instancia con el poder y la influencia suficiente para impulsar una agenda dentro de las complejas aguas de la burocracia institucional.

Era una acción necesaria, que se fundamentaba en la inexistencia de un órgano o institución pública dedicada exclusivamente a la protección de esta población.

Esta situación de desventaja es real, y se
comparte con la población afrodescendiente, razón por la cual durante los últimos ocho años existió una instancia similar, la cual, hoy en día, tampoco ha sido designada.

No designar a una persona comisionada es un retroceso en materia de DDHH, y nos devuelve a la posición histórica del Estado costarricense de excluir del quehacer institucional y de los espacios de toma de decisiones a quienes forman parte de las disidencias sexuales.

Por todas estas razones es que las personas LGBTIQ+ que abajo firmamos le exigimos al Gobierno de la República revertir esta lamentable decisión, y evitar un regreso a la época de exclusión e indiferencia institucional que tanto daño y dolor causó en este país.

Firmamos:

Enrique Sánchez Carballo, exdiputado de la República.

Luis Salazar Muñoz, excomisionado para Asuntos de la Población LGBTIQ+.

Carmen María Muñoz Quesada, exdiputada de la República y exviceministra de Gobernación y Policía.

Steven González Cortés, exministro de Educación.

Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del Grupo INS.

Boris Ramírez Vega, expresidente ejecutivo del SINART.

José Fabián Solano Fernández, presidente a.i. del Partido Acción Ciudadana y ex viceministro de Justicia.

Viviana Boza Chacón, exviceministra de Justicia.

Francisco Delgado Jiménez, exviceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Ana Gabriel Zuñiga Aponte, integrante Comisión Política PAC y exviceministra de la Presidencia.

Daguer Hernández Vásquez, exregidor y exsubdirector general de Migración y Extranjería.

Pablo Díaz Chaves, integrante Comisión Política PAC.

Francisco Serrano Vargas, integrante Comisión Política PAC.

Marta Solano Arias, expresidenta del PAC.

Ana Rita Argüello Miranda, activista feminista y lbgtiq+, Asambleísta Nacional y excandidata a diputada.

Ana Cecilia Castro Calzada, Abogada y Notaria Pública.

José Daniel Córdoba Molina, Abogado.

Jorge Carranza González, exasesor despacho de la primera dama y exdirectivo del BANHVI.

Andrea Chacón Chacón, vicepresidenta Juventudes PAC.

Luis Eduardo Zapata Guevara, presidente del Comité Cantonal de Santa Cruz.

María Chacón Trejos, exdirectiva Consejo de la Persona Joven, Pococí, Limón.

Joshua Torres Rodríguez, regidor de la Municipalidad de Tibás.

Dora Rodríguez Rodríguez, regidora de la Municipalidad de Tibás.

Mario Rodríguez Soto, regidor de la Municipalidad de Heredia.

Darío Segura Picado, regidor de la Municipalidad de Acosta.

Héctor Hidalgo Sánchez, síndico de San Josecito de Alajuelita.

Luis Enrique Mathiew Morales, juventudes PAC.

María Yahaira Araya Porras, asambleísta Juventudes PAC.

Oscar Jiménez Alvarado, dirigente PAC.

Gabriel Rodríguez Castillo, asesor ambiental.
Vladimir Sagot Muñoz, activista.

Ana Victoria Rodríguez Badilla, integrante de la subcomisión de Derechos Humanos y del Tribunal Electoral Interno del PAC.

Katherine Gutiérrez, feminista.

Ariel Romero Ruiz, dirigente PAC.

Este es un tema polémico por lo que preguntamos:

Usted está o no de acuerdo con el grupo LGBTIQ+ y por qué?

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